LEY FINTECH Y SU IMPACTO SOBRE LAS CRIPTOMONEDAS

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El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como la Ley Fintech. Con ella se busca regular los servicios financieros que podrán prestar las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF’s), su organización, operación y funcionamiento, así como los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.

¿Qué Implicaciones podría tener esta ley sobre las criptomonedas?

La Ley Fintech regula principalmente dos modelos de ITF: las Instituciones de Financiamiento Colectivo y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.

Reconociendo que el desarrollo tecnológico y la innovación financiera son más dinámicas que el proceso legislativo, la Ley Fintech también prevé un tercer esquema para sentar las bases para que entidades diversas a las ITF’s presten servicios financieros por conducto de medios tecnológicos a través de lo que llama Modelo Novedoso. En este contexto, el Modelo Novedoso se refiere a la prestación de servicios financieros mediante herramientas o medios tecnológicos con modalidades diversas.

Para que una persona moral mexicana pueda operar bajo un Modelo Novedoso deberá obtener de la autoridad competente una autorización (provisional o definitiva) para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

  1. Constituir efectivamente un Modelo Novedoso.

  2. Que el producto o servicio sea probado en un medio controlado.

  3. Que la actividad represente un beneficio para sus clientes, respecto a lo ya existente en el mercado.

  4. El proyecto debe estar en una etapa en donde el inicio de operaciones pueda ser inmediato.

  5. El proyecto debe poder probarse con un número limitado de clientes.

  6. Deberá cumplir con los demás requisitos que determinen las disposiciones de carácter general que emitan las autoridades competentes.

A manera de ejemplos, la Ley Fintech y los anteproyectos estipulan que toda ITF deberá contar con servicios profesionales especializados provistos por terceros certificados que evalúen y auditen sus operaciones; es decir, un oficial de cumplimiento y un auditor certificado. Además de una cantidad considerable de manuales de operación y criterios contables similares a las entidades financieras tradicionales, cuestión que puede generar altos costos y cargas administrativas para un sector poblado por jóvenes emprendimientos. 

Esto parece ser algo muy complejo para los proyectos que utilizan la tecnología Blockchain, debido a que existen muy pocas personas con conocimientos sobre la tecnología y la oferta de servicios de terceros es casi nula; por ejemplo, en la creación y auditoría de Smart Contracts. 

Para que cualquiera de los tres modelos de tecnología financiera pueda operar en México, debe contarse con una autorización de la CNBV o de Banxico, autorización que sólo será emitida previa satisfacción de una cantidad considerable de requisitos y plazos, previsiblemente, extensos.

Otro aspecto interesante en la ley, desde el punto de vista del control que pretende ejercer el Estado Mexicano en pro de la seguridad jurídica de los usuarios del sistema financiero, es la facultad conferida a Banxico para determinar cuáles son los activos virtuales con los que pueden operar las ITF.

Para ello, Banxico tomará en cuenta, entre otros aspectos, el uso que el público dé a las unidades digitales como medio de cambio y almacenamiento de valor así como, en su caso, unidad de cuenta; el tratamiento que otras jurisdicciones les den a unidades digitales particulares como activos virtuales, así como los convenios, mecanismos, reglas o protocolos que permitan generar, identificar, fraccionar y controlar la replicación de dichas unidades.

El involucramiento de Banxico restringirá el uso dinámico de criptomonedas en la economía mexicana.

En el lenguaje propio del Legislador Mexicano, resulta esencial destacar que las criptomonedas constituyen un Activo Virtual entendido éste como “la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos”.

Así, las criptomonedas han logrado fungir como un medio de intercambio de bienes o servicios de persona a persona (P2P), como lo es el servicio de transporte Uber o el servicio de alojamiento Airbnb; con la diferencia de no tener intervención de un tercero, similar a un trueque digital. Precisamente en este sentido, la propia Ley Fintech previene, para evitar generar dudas, que un activo virtual no es moneda de curso legal en territorio nacional y no es divisa. Las criptomonedas cuentan por diseño con sistemas para controlar la replicación y falsificación de sus unidades y fueron concebidos inicialmente no como una moneda, sino como un medio de intercambio. 

En un mundo digital, donde todo se mueve a una velocidad vertiginosa, tendremos que esperar a que el Banco Central determine qué intercambios podemos celebrar y cuáles no. Es por todo esto que, consideramos que la facultad de Banxico para autorizar los activos virtuales con los que pueden operar las ITF, si bien es favorable también es falaz.

La redacción de la Ley Fintech delata que las autoridades involucradas en su estructuración no entienden cabalmente la naturaleza técnica del blockchain y su función para identificar, fraccionar y controlar la replicación de las criptomonedas, cualquier activo o representación de uno.

A diferencia de las monedas que son emitidas y controladas por un Banco Central que las respalda, la información generada por el intercambio de criptomonedas se registra en un blockchain, libro contable que puede ser público y que se encuentra en todos los nodos que quieran participar en la red validando transacciones. A este proceso de participación en la red, se le llama minería.

Por lo anterior, la firma MBGW considera que la Ley Fintech, a pesar de ser un avance legislativo importante y que seguramente servirá de ejemplo para otras juris dicciones, representa barreras legales de entrada para las sociedades mexicanas que se quieran dedicar a la tecnología financiera. Se espera que en el accionar de las autoridades, efectivamente se hagan patentes los principios rectores de la Ley Fintech: inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, prevención de operaciones ilícitas y neutralidad tecnológica.

Blockchain Academy México celebra iniciativas como la Ley Fintech, desafortunadamente el tema de blockchain llegó tarde a México para ser analizado con tiempo y profundidad. La academia, fundada por Anthony Chávez y Marco Muñoz, en enero de 2018, ha sumado esfuerzos con instituciones públicas, privadas, educativas y empresariales con el objetivo de formar un ecosistema sólido de ejecutivos y programadores alrededor de la tecnología blockchain. Actualmente el Open Space de BBVA Bancomer, Centraal Academy, la UNAM y recientemente, IBM, se han sumado en colaboración para educar a las próximas generaciones a través de cursos de blockchain para negocios, programación en Ethereum y Hyperledger.

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